Hacer cumplir la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el exhorto de la 75 Legislatura a municipios

El Pleno de la 75 Legislatura aprobó un exhorto dirigido a los ayuntamientos y al Consejo Mayor de Cherán, para que, dentro de sus facultades, den cumplimiento en el ámbito educativo a las disposiciones que marca la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De igual forma, para que, en su caso, informen al Poder Legislativo sobre las medidas y programas que han implementado para el cumplimento de esta norma.

Ello, en cuanto a la obligación de brindar atención, inclusión y no discriminación en materia educativa, a niñas y niños con discapacidad, dentro de sus municipios.

El exhorto fue propuesto por la diputada Mayela Sáenz, quien en su exposición de motivos destacó que, de acuerdo con información publicada por el Consejo Estatal de Población (Coespo), el 8.6% de la población de Michoacán, tiene una discapacidad marginal y el 18% cuenta con una limitación física que condiciona su existencia en un ámbito no incluyente.

Agregó que, a pesar de que esta Ley contempla todos los aspectos para satisfacer las necesidades básicas y de esparcimiento de ese grupo social, en el ejercicio diario institucional no se prestan servicios incluyentes y, por el contrario, prácticamente se desalienta a las personas que necesitan inclusión, atención y acompañamiento en sus gestiones.

Asimismo, la legisladora hizo énfasis en que las instalaciones de atención al ciudadano con algún tipo de discapacidad, que mantienen los tres niveles de gobierno, son nulas, ya que, en el DIF Estatal, en el CREE y en la Secretaría de Educación, no existen protocolos y certificaciones a nivel práctico.

“Las personas con discapacidad no tienen un lugar para ser escuchadas y no son incluidas ni social, laboral o institucionalmente; en ningún ámbito fuera de la familia son tomadas en cuenta y, en muchos casos, allí tampoco”, comentó.

Por lo tanto, consideró urgente hacer un llamado a las autoridades municipales para que atiendan las disposiciones que dicta la Ley, y que sean consideradas como eje de inclusión y calidad en los servicios públicos.