Escrito por Redacción / Ver más

Jue, 29 May 2025

El Congreso del Estado de Michoacán, aprobó una reforma al Código Penal del Estado que, sanciona con prisión a quienes inciten públicamente al delito, promuevan el consumo de sustancias ilícitas o hagan apología del crimen organizado, lo que generó un debate entre legisladores, periodistas y organizaciones civiles.

La modificación contempla la adición del Capítulo VII al Código Penal estatal, bajo el título “Provocación a cometer un delito y apología de éste o de algún vicio”. El nuevo Artículo 163 quinquies impone penas de tres a seis meses de prisión y multas de 80 a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes incurran en estas conductas, incluso mediante mantas, imágenes, calcomanías o cualquier otro medio. Si el delito se consuma, se aplicará la sanción correspondiente al hecho cometido.

En respuesta a las preocupaciones por posibles afectaciones a la libertad de prensa, la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso un artículo adicional, el 163 exies, para exceptuar del castigo a quienes ejerzan el periodismo en el legítimo cumplimiento de su función informativa. Su propuesta fue aceptada por el pleno.

*Críticas: “Una puerta abierta a la censura”*

La diputada Vanessa Caratachea, en su intervención advirtió que el lenguaje del dictamen es ambiguo, subjetivo y violatorio del principio de legalidad penal. Señaló que conceptos como “aludir” o “promover” podrían prestarse a interpretaciones arbitrarias que castiguen expresiones culturales, artísticas o ciudadanas.

Denunció también irregularidades en el proceso legislativo, como la falta de respuesta a su solicitud formal de participar en la Comisión de Justicia. “No puede considerarse válido un proceso que excluye voces competentes por omisión o falta de voluntad política”, sostuvo.

En el mismo sentido, la diputada Teresita Herrera, coordinadora del PAN, criticó la prisa con la que fue aprobado el dictamen y alertó sobre los riesgos de que jueces afines al oficialismo apliquen la ley de forma discrecional. “La mayor apología del delito se llama impunidad”, dijo, tras denunciar que el dictamen carece de estudios técnicos y no fue sometido a consulta pública.

Protestas de periodistas

Durante la sesión, se hicieron presentes periodistas y medios de comunicación que manifestaron su preocupación por el posible uso de esta reforma como herramienta de censura. Legisladores de oposición expresaron su respaldo a la prensa. “En tiempos en que la libertad de expresión se ve amenazada, es urgente defender a quienes informan e investigan”, dijo Caratachea.

Voces a favor: “No se puede normalizar la violencia”

El diputado Octavio Ocampo, dirigente estatal del PRD, respaldó la reforma y defendió la necesidad de frenar la glorificación del crimen organizado, particularmente en producciones musicales como los “narcocorridos”. Afirmó que algunos artistas son incluso forzados por grupos criminales a difundir su imagen, lo que, en su opinión, contribuye a construir una “cultura de violencia”.

Por su parte, Guillermo Valencia Reyes, del PRI, reconoció que la iniciativa “no es perfecta”, pero la consideró un punto de partida para combatir el fenómeno. No obstante, advirtió que el verdadero problema no se resolverá solo con reformas legales y criticó la falta de apertura del Congreso a un Parlamento Abierto.

Contexto

La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo estatal como parte de una estrategia para combatir la violencia y la apología del narcotráfico en la cultura popular. Sin embargo, su aprobación ha reavivado el debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión, la criminalización del arte y la eficacia del derecho penal como herramienta para combatir el crimen.

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